La evolución de los acontecimientos durante la segunda mitad del siglo XIX permitían pronosticar buenos augurios para los colectivos forestales a lo largo de este nuevo siglo. Los enfrentamientos producidos entre los Ministerios de Fomento y el de Hacienda derivado de los diferentes procesos desamortizadores pusieron en pie de guerra a un escaso colectivo de Ingenieros de Montes que lucharon denodadamente para impedir que se pusieran a la venta montes incluidos dentro del catálogo de utilidad pública. El germen de ese reducido grupo de hombres se mantuvo vivo en las siguientes generaciones. El esfuerzo de todos ellos, unido a unas condiciones sociopolíticas favorables permitieron sacar adelante en 1877 una ley de repoblaciones así como un fortalecimiento de la administración forestal en general. De los 400 Capataces de Cultivos que se crearon con aquella ley sólo verían comenzar el nuevo siglo 240 Capataces, 101 Sobreguardas -Capataces reconvertidos- y 4 Guardas Forestales destinados en las Islas Canarias. En resumen, la cifra disminuyó hasta los 345 empleados tras la modificación de plantilla habida a principios de 1901.
A pesar de todo, aquel vigor continuó en esta nueva centuria pues nada más iniciarse quedó aprobada una disposición por la que fue creado el Servicio Hidrológico Forestal. Ello implicó la división del territorio nacional en 10 Divisiones Hidrológico-Forestales, una Sección de Recolección y Abastecimiento de Semillas y tres piscifactorías a las que se unió la que ya por esas fechas funcionaba en el Monasterio de Piedra (Zaragoza). Esta misma disposición contempló además la necesidad de dotar a este nuevo organismo del personal facultativo y auxiliar necesario. Entre este último se encontraban los que originalmente se denominaron Vigilantes de Repoblaciones y que eran nombrados directamente por el Ingeniero-Jefe de cada División Hidrológico-Forestal. Estos nuevos empleados no llegaron a constituir un cuerpo propio ni tampoco contaron con su respectivo escalafón. Sus atribuciones iniciales no fueron otras que las de vigilar a los obreros empleados en los trabajos hidrológico-forestales. La práctica se encargaría de demostrar que su trabajo fue muchísimo más útil pues atendieron activamente a la custodia de los montes de utilidad pública a cargo de las Divisiones Hidrológico-Forestales, los cuales con anterioridad habían dependido de los respectivos Distritos Forestales.
Debido a estas circunstancias y al vacío legal que sobre ellos existía, aquellos Vigilantes de Repoblaciones quedaron equiparados en sus funciones, responsabilidades, sueldos, uniforme y armamento, con los Guardas Forestales del Estado adscritos a los diferentes Distritos Forestales que ya existían. Incluyo hubo ingenieros que llegaron a presentar diferentes propuestas para que estos nuevos empleados de montes se integraran directamente y por medio de algún tipo de prueba o examen, en el Cuerpo de Guardería Forestal del Estado. Finalmente esto no llegó a ocurrir y ambos colectivos convivieron durante unos cuantos 
años en la forma antes señalada.
Las buenas noticias no quedaron aquí pues en octubre de este mismo año -1901- se autorizó la presentación en las Cortes de un Proyecto de Ley sobre Guardería Forestal. La labor realizada por los Ingenieros de Montes durante las últimas décadas en las que trabajaron sin cesar para conseguir una sólida administración forestal en el país y así atajar el acelerado deterioro de los recursos forestales españoles, además del reconocimiento del excelente trabajo realizado por el escaso número de Guardas Forestales del momento, permitieron que el Gobierno se decidiera a respaldar el trabajo de todos ellos a través de esta nueva iniciativa. El nuevo impulso de aquél Gobierno supuso un reconocimiento implícito de que la labor que en esos momentos realizaban otros colectivos como la Guardería Local y Municipal así como la Guardia Civil, no habían conseguido alcanzar las expectativas depositadas en ellos en cuanto a materia forestal se refiere.
Según se desprende del contenido de la disposición que ahora nos ocupa, el nuevo Cuerpo de Guardería Forestal estaría compuesto de 2.000 Guardas, 200 Sobreguardas y 60 Oficiales, de los cuales 40 serían Tenientes Segundos y 20 Tenientes Primeros. Estos oficiales deberían de pertenecer a la escala de reserva del ejército. Los Oficiales y los Sobreguardas serían plazas montadas. Los Oficiales deberían de pagarse los caballos mediante descuentos mensuales en sus haberes mientras que los de los Sobreguardas serían por cuenta del Estado.
Debieron surgir problemas de índole desconocida que permitieron que tal Proyecto de Ley no fuera aprobado en ese momento. Durante unos años siguieron trabajando en nuestros montes un número reducido de Guardas Forestales, unos 300-400, así como otro número indeterminado de Vigilantes de Repoblaciones adscritos a las diferentes Divisiones Hidrológico-Forestales. La única modificación habida en estos años fue que en los presupuestos de 1904 se suprimió la denominación de Capataz de Cultivos. A partir de ese momento el cuerpo de compondría de Guardas Mayores, Sobreguardas y Peones-Guardas.
Por fin, el 14 de febrero de 1907, una Real Orden, en cumplimiento de la Ley de Presupuestos para este mismo año, creó el Cuerpo de Guardería Forestal compuesto por 70 Guardas Mayores a 3,25 Pts. de jornal diario, 300 Sobreguardas a 2,75 Pts. de jornal diario y 630 Peones-Guardas con 2 Pts. de jornal diario. Las limitaciones económicas de los recursos estatales fueron las responsables del importante recorte que finalmente sufrió este cuerpo en su creación pues los 2000 Guardas inicialmente previstos en 1901 quedaron reducidos a 630 Peones-Guardas. Justo un día después, el 15 de febrero, otra disposición se encargó de aprobar el Reglamento para la Organización, Servicio y Disciplina del Cuerpo de Guardería Forestal. Según él, cada Peón-Guarda se encargaría de un Cuartel; los Sobreguardas estarían al frente de una Zona compuesta por varios Cuarteles y los Guardas Mayores serían los responsables de las Comarcas, compuestas por varias Zonas. En líneas generales aquél reglamento se caracterizó por el marcado carácter marcial de su articulado. A pesar de ello, los primeros años de andadura de este colectivo, ya formalmente constituido como tal, no estuvieron exentos de numerosas críticas motivadas por su escasa eficacia. También debe tenerse en cuenta que buena parte de estas críticas vinieron de la mano de quienes veían en estos empleados de montes una mera prolongación del brazo de una administración central, que antes o después, acabaría interfiriendo en los intereses de quienes vertían aquellas opiniones tales como ayuntamientos, particulares y propietarios forestales.
En buena parte motivado por tal situación, el Gobierno del momento decidió aumentar su labor proteccionista y en marzo de 1908 aprobó la Ley de Conservación de Montes y Repoblación Forestal. Su entrada en vigor implicó a su vez el reforzamiento del cuerpo que nos ocupa pues en enero de 1909 la Ley de Presupuestos para este mismo año recogió la ampliación de la plantilla. El aumento fue de 10 Guardas Mayores, 40 
Sobreguardas y 115 Peones-Guardas. En total y a partir de ahora, el cuerpo contaría con 80 Guardas Mayores con 3,50 Pts. de jornal diario, 340 Sobreguardas con 3 Pts. de jornal diario y 745 Peones-Guardas con 2,25 Pts. diarias.
La presión ejercida por el colectivo de Ingenieros de Montes por un lado, y la persistente tendencia negativa que presentaba la conservación de los bosques españoles por otro, hicieron que la preocupación de los gobernantes por este problema se viera reflejado en el Presupuesto General del Estado para 1910. En este documento el Ministerio de Hacienda además de hacerse cargo de tan penosa situación, reconocía que el aumento imprescindible en la plantilla de este colectivo debería de hacerse en función de las limitaciones económicas del momento. Fijó como plantilla ideal unos 10.000 Peones-Guardas y Sobreguardas, y otros 500 Guardas Mayores. Este aumento progresivo prometido comenzó a verse hecho realidad en 1911 cuando la plantilla aumentó de 1.165 hombres a 1.485, desglosados en 90 Guardas Mayores, 400 Sobreguardas y 995 Peones-Guardas, repartidos todos ellos a lo largo de 37 Distritos Forestales diferentes. A esta cifra había que añadir otros 455 hombres dependientes del Servicio de Ordenación de Montes Públicos y otro número indeterminado adscrito a las Divisiones Hidrológico-Forestales. Además, para 1915 ya se tiene constancia de la existencia de 46 Vigilantes de Pesca Fluvial repartidos en 18 provincias.
En un artículo contenido en la Revista Forestal de octubre de 1923 se insistió en la necesidad, una vez más, de aumentar la plantilla del colectivo. Por esas fechas a cada Guarda le correspondía vigilar, como media, unas 8.000 has. de montes públicos. Esta cifra se consideraba excesiva y era necesario reducirla. En este artículo se proponía que tanto los Vigilantes de Repoblaciones de la Divisiones Hidrológicas, como los Vigilantes de Pesca Fluvial, se incorporaran también a la vigilancia de montes públicos. De esta manera se pretendía reducir hasta las 5.000 has. por Guarda, cifra que todavía quedaba lejos de la cifra considerada como ideal y que era 2.000 has.
Lejos de continuar con el aumento progresivo de efectivos, la situación política por la que atravesaba el país obligaría a reducir la plantilla. Así, de los 1.890 hombres existentes en 1923 se pasó a los 1.424 como consecuencia de la política amortizadora del régimen dictatorial impuesto en el país por Primo de Rivera. En 1924 hubo una nueva reducción quedando el colectivo ahora en 1.044 hombres. Pero sin lugar a dudas, la decisión que tomó aquél régimen de considerar a los integrantes de este colectivo como simples jornaleros en vez de empleados como hasta entonces venían siendo considerados, traería consigo y durante los años posteriores graves perjuicios para aquellos sacrificados y abnegados hombres.
Al mismo tiempo que se producían tales recortes no faltaron escritos de protesta de algunos Ingenieros de Montes en los que se planteaban diferentes aumentos en la plantilla de Guardas Forestales. En noviembre de 1926 el ingeniero José María Regal propuso en las páginas de la Revista España Forestal destinar para los siguientes diez años nada menos que 100 millones de pesetas. Según sus planes al cabo de ese período de tiempo se podría contar con 5.300 Guardas entre sus diferentes categorías y dotados de unos haberes dignos. No faltaron tampoco otras propuestas como la realizada por la Sociedad de los Amigos del Árbol de Burgos quien proponía la creación de un Cuerpo de Guardería Rural compuesto por nada menos que 8.000 hombres -400 Sobreguardas, 1.000 Guardas distinguidos y 6.500 Guardas-.
Por su parte, el colectivo de Guardas Forestales tampoco se quedó callado pues además del reiterado recorte de efectivos, las condiciones de quienes seguían en activo se caracterizaban por la precariedad de medios y recursos. En un escrito presentado ante la Dirección General de Montes en 1930 en nombre de todo el colectivo, sus firmantes expresaron su mal estar por distintas cuestiones. Seguían llevando cada uno de ellos una media de 8.000 has. de montes públicos, cifra excesiva a todas luces; la mayoría recibía unas cinco pesetas diarias con las que debían mantener a su familia y además hacer frente a los gastos de calzado y uniforme o de comida y pernocta fuera de sus casas cuando el servicio así lo requería. Por todo esto pedían que se acabara con la amortización de plazas y se aumentara tanto la plantilla como sus haberes. En más de una ocasión las cartas de protesta y queja ante la situación por la que atravesaba el colectivo llegarían a surgir de la iniciativa personal de algunos Guardas.
Los Presupuestos Generales del Estado aprobados en enero de 1931 permitieron cumplir, aunque parcialmente, con las demandas planteadas desde los diferentes ámbitos del seno forestal ya referidos. En ellos se contempló un ligero aumento de la plantilla que pasaría a ser de 1.594 hombres distribuidos del siguiente modo: 74 Guardas Mayores a 7 Pts. de jornal diario; 362 Sobreguardas a 6 Pts. de jornal diario y 1.158 Guardas a 5 Pts. de jornal diario. En estos presupuestos también se incorporaron otras partidas de dinero para compensar el aislamiento geográfico de los Guardas Forestales destinados en las Islas Canarias y en el Valle de Arán (Lérida) -todavía no se había construido el Túnel de Viella-; para la reposición de caballos y monturas; para el sostenimiento de caballos y conservación de monturas; reposición de armamento y municiones o para insignias, correajes, bocinas, portafusiles y demás efectos necesarios.
La llegada de la República a nuestro país permitió renovar las esperanzas en el seno de un colectivo tan sacrificado como denostado, ante las promesas de reforma y mejoría lanzadas por los gobernantes republicanos. Algunas de estas se hicieron realidad afortunadamente. Así, la Ley de Presupuestos del Estado para 1933 permitió que los integrantes del colectivo recuperaran su condición de empleados del Estado pues sus retribuciones dejaron de ser contempladas como jornales diarios para hacerlo a partir de entonces como sueldos anuales. Entre 1934 y 1935 hubo sendas reestructuraciones en la Dirección General de Montes que, entre otras cosas, implicaron una nueva modificación en la plantilla del colectivo que nos ocupa. A partir de esta fecha su número descendería una vez más hasta los 1.260 Guardas en sus tres diferentes categorías. En este mismo listado quedaron incluidos también los Guardas Forestales adscritos a las siete Divisiones Hidrológico-Forestales y al Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias que supusieron 203 hombres más. En total el número de Guardas Forestales ascendía a 1.463.
La llegada de la cruenta guerra civil española supuso un triste parón que se prolongó durante nada menos que unos tres años. Mientras duró la contienda así como en los años siguientes, muchos Guardas Forestales fueron perseguidos tanto por partidarios nacionales como republicanos. En más de una ocasión llegaron a perder la vida acusados de ser seguidores o defensores de uno u otro bando. Durante la posguerra tampoco faltaron casos en los que se acusó a Guardas Forestales se ser agentes de información del régimen franquista en el medio rural. También se llegarían a movilizar en este período a efectivos del Cuerpo de Guardería Forestal para que participaran, en colaboración con fuerzas del ejército, en el sostenimiento del orden publico.
Poco a poco es país se fue reconstruyendo en medio de una situación de escasez y penuria, todavía más acentuada si cabe en el ámbito rural donde los hombres de este colectivo desempeñaban habitualmente su trabajo. Al igual que para toda la población del país, estos también fueron unos años muy difíciles par los Guardas Forestales. Como excelentes conocedores de muchas zonas abruptas y montañosas, la Guardia Civil llegó recurrir a estos hombres en más de una ocasión en su intensa campaña de persecución del fenómeno maquis.
Tras este desgraciado lapso la administración forestal retomó de forma progresiva un funcionamiento más o menos normal dentro del nuevo régimen militar. Entre las primeras actuaciones que afectaron al ámbito forestal cabe destacar la anulación de todos los cambios realizados durante la etapa republicana. Esto implicó, entre otras cuestiones, que los integrantes de este colectivo perdieran su condición de empleados de la administración para ser considerados nuevamente como simples jornaleros de la misma.
En 1941 aquél régimen decidió reforzar el sector forestal mediante la creación del Patrimonio Forestal del Estado. Su objetivo principal era restaurar, conservar e incrementar el patrimonio forestal del país para lo cual inicialmente se destinaron nada menos que 100 millones de pesetas. Este mismo año quedó aprobado también el respectivo reglamento para su funcionamiento. Para poder llevar a la práctica todos los fines que se proponían en él, tal y como quedaría demostrado con el transcurso del tiempo, el colectivo de Guardería Forestal jugaría un papel de vital importancia pues participaría de forma activa en la consecución de todos los objetivos planteados.
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